Gastos militares para gastos sociales (Moción de IU para el pleno municipal del 25 de mayo)

 

La crisis no aprieta por igual a todos los ministerios del Estado. Si bien es cierto que el presupuesto del Ministerio de Defensa del ejercicio 2012 disminuye respecto al año 2011, no lo hace en la misma proporción que el resto de ministerios. Si los presupuestos recogen que el ajuste es de un 16,9% de promedio, el Ministerio de Defensa disminuye tan solo un 11%, y, desde luego a mucha distancia de aquellos ministerios que mantienen el denominado “estado de bienestar”, es decir, las políticas de gasto social, que sufren recortes en proporciones mucho más altas. Así, Sanidad y Servicios Sociales disminuyen un 13,7% y Educación y Cultura un 21,2%. Del mismo modo se recortan los presupuestos de aquellos otros ministerios que deberían ser los motores de la recuperación económica, como Industria, Energía y Turismo que cae un 31,9%, Fomento, dónde la obra pública retrocede un 18,4%, o las ayudas a la investigación en I+D que retroceden un 25,6%

Además, el gasto militar se analiza teniendo en cuenta el criterio OTAN, siguiendo las recomendaciones de este organismo militar al que España pertenece, y que aconseja sumar todas aquellas partidas militares que están repartidas por otros ministerios, gastos a los que cabe añadir los intereses de la deuda pública proporcionales a Defensa. Su justificación se basa en que si una parte del alto índice de endeudamiento del Estado es debido a las inversiones militares, es de cajón incorporar los intereses de la deuda destinados al mantenimiento de las fuerzas armadas. El resultado final es que las cifras superan en más del doble la cuantía del Ministerio de Defensa, pasando de 7.411 a los 15.834 millones de euros que suma el gasto militar inicial en 2012. El porcentaje de disminución respecto al año pasado es del 6,95%, sensiblemente inferior al anunciado por el Gobierno español.

Aún así, estas cifras sobre el gasto militar son engañosas, pues una cosa es el gasto militar presupuestado inicialmente, y otra cosa muy distinta el gasto real liquidado al cierre del ejercicio. De hecho, durante el transcurso del año se incorporan muchos recursos a las partidas que han estado insuficientemente dotadas. Recursos que provienen principalmente del Fondo de Contingencias, desde donde se costean las misiones militares en el exterior. Éstas recibieron un presupuesto inicial en 2011 de 14 millones de euros, cuando en realidad se gastaron 861. Lo mismo ocurre con buena parte de las inversiones en armas, donde al final del año se consumieron 582 millones de euros más que los inicialmente asignados. También hay que añadir las desviaciones provenientes de la enajenación de propiedades del Ministerio de Defensa (cuarteles, viviendas y terrenos).

Estos mayores gastos que se van produciendo a lo largo del año solo los conocemos al finalizar el ejercicio, cuándo nos presentan la liquidación final del presupuesto. Así, el presupuesto de Defensa del año 2011 se aprobó anunciando una disminución del gasto de 594 millones de euros, y ahora sabemos que la liquidación provisional (aún no es definitiva) arroja un incremento de 1.164 millones de euros sobre el total inicial, lo que representa un 6,75% de aumento; casi el mismo porcentaje (7%) que se anunció disminuir en Defensa en el inicio del presupuesto inicial de 2011.

 

En definitiva, toda esta larga explicación la podemos finalizar diciendo que el gasto militar real del Estado español, a pesar de la grave crisis por la que atraviesan las cuentas públicas, ha disminuido tan solo un 6,3%, y sitúa a Defensa como uno de los ministerios mejor parados en los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Un gasto militar que respecto del PIB se sitúa en el 1,6%, el doble de lo que dice el Ministerio de Defensa y que representa 46,6 millones de euros de gasto diario, y 366 euros per cápita anuales. Es decir, el gasto militar español no es tan reducido o insuficiente como algunos integrantes del complejo militar-industrial denuncian, sino al contrario, está dentro de los promedios en que se mueven la mayoría de los países europeos.

Ante la grave situación económica por la que atraviesa España y de manera muy especial las cuentas del Estado, si se quieren sanear las cuentas públicas a base de reducir el déficit y el endeudamiento, una de las soluciones pasaría por reducir el gasto militar. Cómo hacerlo es sencillo, lo que se requiere es honestidad para explicar a la población los peligros y amenazas que se ciernen sobre nuestro Estado para mantener ese enorme gasto. Y una vez determinada de dónde procede la inseguridad, se debe explicar si es necesario mantener unas fuerzas armadas de 130.00 efectivos.

Una cuestión principal sobre las amenazas es abordar los contingentes actuales de las fuerzas armadas de nuestros socios en el interior de la UE, que aproximadamente rondan los dos millones de soldados. Y al respecto recordar que la UE, aunque lentamente, camina hacia la unidad política y, aunque en precario, ha construido una política exterior y de seguridad común que requerirá de un euroejército que, aun en estado embrionario, ya se está empezando a construir. Por tanto, ¿no tendríamos suficiente con 200.000 o estirando, quizás 500.000 soldados para toda la UE? ¿Para qué queremos el millón y medio que sobran?

Si Europa tiene un exceso de fuerzas armadas y Alemania e Italia ya han anunciado que las van a reducir, ¿por qué el Estado español no sigue ese camino? Debería iniciarse el estudio de una reducción de los efectivos pensando en el conjunto de la UE, y empezar un plan de ajuste de las plantillas. ¿Para qué necesita España un ejército de 130.000 soldados? ¿Es qué con la mitad o una tercera parte no tendríamos suficientes? Tampoco se trata de engrosar el número de parados y arrojar al desempleo a miles de profesionales militares, pero se podría poner en marcha un estudio acompañado de un ajuste para pasar muchos mandos militares a la reserva y a los soldados recolocándolos en la función pública.

Otro aspecto sería anular los grandes contratos en armas (PEAS). Unas armas que como dijo poco antes de despedirse del gobierno el anterior Secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez: “no deberíamos haber adquirido sistemas que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”. Es decir, esas armas no sirven para nada. Y eso es cierto, los aviones Eurofighter, los helicópteros Tigre, los blindados Leopardo y Pizarro y la mayoría de los buques de guerra no se han desplazado a los escenarios donde han actuado las fuerzas armadas españolas (Afganistán, Líbano o Libia). Es decir, no han entrado nunca en combate y, en el mejor de los casos, acaban su vida útil sin ser utilizados jamás (más allá de las maniobras, claro). Hace falta una combinación de estrategias políticas, industriales y económicas para acometer esta tarea, pues las industrias militares esgrimirían los contratos y demandarían compensaciones, además de iniciar una reducción de las plantillas o amenazar con el cierre de las empresas.

Este plan de ajuste debería ir acompañado de estudios de conversión de la industria militar hacia el ámbito de producción de bienes civiles. Unos planes de conversión que deberían implicar al máximo de agentes sociales y políticos posibles: gobierno local, autonómico y estatal, colegios profesionales y sindicatos. Ese amplio consenso podría buscar salidas a estas industrias, y desde luego, resultaría menos gravoso que hacer frente a la producción de unas armas que no tienen ninguna utilidad social. Además, si se acometiera la supresión de los PEAS, permitiría acabar con las ayudas en I+D militar y ahorrar otros mil millones de euros que, cada año se han ido entregado a las empresas militares para desarrollar esas armas.

Un cuarto ámbito para reducir el gasto militar sería retirar nuestras tropas del exterior para ahorrarnos los 860 millones de euros que cuesta anualmente su desplazamiento. Por mucho que se repita, es falso que proporcione seguridad a la población española, si acaso obedecen a los designios de la política exterior de nuestro gobierno, o mejor dicho, al prestigio que otorga a los ministros de exteriores, defensa y al propio Presidente tener fuerzas armadas desplazadas en diferentes puntos del planeta, pues ello les permite codearse con cancilleres y sentarse en los foros internacionales.

La última razón y no de menor calado es de tipo económico: la ineficiencia que rodea la producción de armamento debido a los costes de oportunidad, al dedicar unos recursos que son escasos a producir armas en vez de bienes y servicios de la economía productiva. Desde el punto de vista del gasto público ocurre lo mismo, ya que invertir en adquirir armamentos representa retraer recursos de partidas que soportan el estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales), o de aquellas otras que impulsan el desarrollo (industria, investigación civil (I+D), obra pública…).

Todas estas medidas: reducción de efectivos de las fuerzas armadas, anular los contratos de los grandes Programas Especiales de Armamentos, eliminar la I+D militar, y reducir la presencia de fuerzas armadas españolas en el exterior, serían unas medidas que permitirían ahorrar entre 7.000 y 8.000 millones de euros anuales, que a buen seguro ayudarían a la hacienda pública a salir del endeudamiento y el déficit público. Reducir el gasto militar sería un paso para permitir que la economía española empezara a salir de la crisis en que ahora está sumergida.

Por todo ello el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Jaén, propone la adopción de los siguientes

Acuerdos:

1º.- Instar al Gobierno de España a que reduzca las partidas en gasto militar en torno a 7000 millones de euros de manera que este dinero se añada el presupuesto de Salud, evitando así que se ponga en marcha los recortes sanitarios recientemente planteados.

2º.- Dar traslado a las administraciones públicas que procedan.